RÍO GALLEGOS.- Una nueva controversia generó la obra del Centro de Monitoreo Municipal y Observatorio, que en primera instancia iba a instalarse en el Barrio Jardín pero fue rechazado por los vecinos ya que la zona está considerada Reserva Urbana. Ahora comenzaron a montarla en terrenos que pertenecían a YCRT. Concejales quieren conocer si se cumplieron los pasos legales para iniciar la construcción, en tanto el abogado Javier Stoessel pidió información sobre el impacto paisajístico de la obra.
El Centro de Monitoreo y Observatorio es una obra que la gestión del intendente, Pablo Grasso, planificó emplazar en el barrio Jardín de esta ciudad, sin tener en cuenta que la zona está declarada Reserva Urbana.
Ante el rechazo de los vecinos, las autoridades decidieron trasladar el proyecto a un predio que YCRT donó al municipio donde funcionaban los galpones de la empresa. Allí ya comenzaron los trabajos para montar la estructura donde funcionará el Centro de Monitoreo, para seguridad ciudadana.
Concejales de la oposición cuestionan la nueva localización porque primero quieren conocer qué evaluación previa hizo el municipio del nuevo lugar de emplazamiento.
Los Concejales del interbloque Unidos del HCD de Río Gallegos Pedro Muñoz (CC ARI), Leonardo Roquel y Daniela Damico(UCR) , realizarán hoy una presentación en la cual le exigirán al Ejecutivo Municipal se abstenga de avanzar en la construcción del Centro de Monitoreo Municipal y Observatorio.
Los concejales plantean que conforme a la Reglamentación vigente, "la instalación de cualquier construcción en un terreno declarado como Reserva Urbana y patrimonio arquitectónico histórico debe necesariamente contar con la habilitación correspondiente previa realización de Audiencia Pública a tales efectos".
Alegan que el municipio tampoco presentó los estudios de impacto ambiental, ni el relevamiento de las condiciones del suelo, "siendo en este caso también necesaria la autorización de Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la cual a fecha no nos consta, ello en razón del que el terreno aún pertenece al Estado Nacional", explican.
Los concejales ya habían solicitado al municipio los detalles respecto a la nueva locación, habida cuenta de los movimientos que se estaban realizando en la zona (Foto), y la inquietud manifestada por los vecinos, sin tener ninguna respuesta al respecto por parte de la autoridad municipal.
Pedido de información al municipio
Por su parte el abogado Javier Stoessel pidió información al municipio a través de la ley de Acceso a la Información Pública, para conocer el estado del expediente, cuáles son los datos catastrales del predio, quién es el propietario registral del terreno, y si se cumplieron las disposiciones municipales en cuanto al destino y zonificación.
Stoessel también quiere conocer si se realizaron los estudios del suelo y el estudio de Impacto Ambiental, y si se tuvo en cuenta el impacto paisajístico de la obra.
El abogado recordó que "Algo similar ocurrió con la obra del nuevo edificio de la Asip que tampoco contó con el correspondiente estudio de suelos, debido a lo cual la empresa adjudicataria planteó que no podía avanzar con la construcción que estaba prevista en material sólido de mampostería, y que la misma debía construirse con material en seco".
Esto generó una una investigación que todavia está en curso para determinar si hubo diferencia de costos, respecto del material y la mano de obra empleada en la construcción en seco.
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