RÍO GALLEGOS.- Se realizó ayer la audiencia entre la Fiscalía de Estado y un grupo de jubilados en el marco de la demanda por supuestos daños contra edificios públicos por el cual la adminstración de Alicia Kirchner busca que los demandados paguen la suma de 330 mil pesos cada uno. El abogado del estado, Emilio Monzón, exhibía fotos y pedía a los jubilados que reconozcan su participación en las protestas, la supuesta agresión a funcionarios y que eran financiados por la diputada nacional, Roxana Reyes.
Un nuevo capítulo se agregó ayer a la demanda que en marzo del año pasado inició el gobierno contra un grupo de jubilados que reclamaban por el pago en tiempo y forma de sus haberes. La administración de Alicia Kirchner los acusa de supuestos "daños a edificios públicos", y les reclama un resarcimiento de 329.000 pesos a cada uno.
Durante la audiencia celebrada en el despacho del juez, Francisco Marinkovic, el abogado de la Fiscalía de Estado, Emilio Monzón, exhibió fotografias de los acusados durante los reclamos, o en conferencias de prensa mientras les requería que "juren" pertenecer a la agrupación Jubilados Unidos en Acción, o que juren "como es cierto" que agredieron a la titular de la Caja de Previsión Social, Silvia Bande, o que amenazaban a los funcionarios públicos por las redes sociales, y hasta si las protestas eran financiadas por la diputada nacional Roxana Reyes.
Ante el tono del cuestionario del dr Monzón, el juez le indicó que debía limitarse a hacer preguntas y no afirmaciones, en tanto los jubilados negaron las imputaciones del abogado de la Fiscalía de Estado.
"Me mostraban fotos borrosas que pusieron en el expediente y querían que identifiquemos a las personas", comentó a Winfo Santa Cruz, Ana Villarroel, una de demandaas por el gobierno. "Buscan criminalizar las protestas", aseguró, al tiempo que señaló que en su caso no tiene ningún temor a las acciones judiciales del gobierno que "Son un atropello a la libertad de reclamar por nuestros derechos", sostuvo.
La audiencia se realizó ayer a partir de las 8,30 hs, y a la misma asistieron los diez jubilados acusados por el gobierno, y dos testigos uno de los cuales aseguró que durante las protestas pudo ver que habían roto una persiana de Casa de Gobierno.
De la audiencia no participó el fiscal de Estado, Fernando Tanarro, quien radicó la denuncia contra los jubilados.
La audiencia concluyó a las 11,30 hs.
Algunas de las fotos con las cuales el gobierno buscaba que los jubilados se reconozcan en las protestas y se autoincriminen.
Los jubilados provinciales que fueron demandados por el gobierno por supuestos daños al edificio de la Caja de Previsión en el marco de las protestas por el pago de haberes fuera de término que comenzaron a mediados de 2016 y aún continúan.
