RÍO GALLEGOS.- Finalmente hoy el gobierno otorgó la jubilación ordinaria al exintendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, quien se encuentra detenido desde marzo del año pasado en la causa que investiga el pago de 50 millones de pesos por una obra que nunca se inició. La jubilación fue firmada por la presidente del directorio de la Caja de Previsión Social, Silvia Bande, y por los vocales del Ejecutivo. Las representantes de los activos y de los pasivos, no prestaron acuerdo al trámite.
En las últimas horas de esta tarde se conoció que el gobierno aprobó la jubilación del exintendente de Río Turbio, Atanacio Pérez Osuna, quien a pesar de estar detenido en el penal de Ezeiza desde marzo de 2018 pudo jubilarse gracias a que el Concejo Deliberante de su ciudad le concedió una licencia especial para que pueda continuar percibiendo el sueldo como jefe comunal, y realizar los aportes correspondientes a la Caja de Previsión.
El acta de directorio que aprobó la controvertida jubilación de Pérez Osuna, lleva la firma de la presidenta del organismo, Silva Bande, y de los dos vocales por el Ejecutivo, en tanto que Olga Reinoso, vocal por los activos, y Viviana Carabajal, representante de los pasivos, no firmaron el acta.
Ambas vocales dejaron constancia en acta separada los motivos por los cuales no aprobaban la jubilación de Pérez Osuna.
Las razones por las cuales pudo jubilarse Pérez Osuna estando preso
Atanacio Pérez Osuna fue detenido hace un año en la causa que investiga el pago de un adelanteo de 50 millones de pesos a la firma Fainser SA, por una obra que no inició. Desde entonces continuó percibiendo el sueldo como jefe comunal, gracias a que el Concejo Deliberante le otorgó una licencia especial ya que no pesa sobre él sentencia firme. Además el gobierno provincial considera a Pérez Osuna, “un preso político”.
El ahora jubilado intendente fue detenido el 5 de marzo de 2018 en Buenos Aires en el marco de la causa a cargo del juez Luis Rodíguez, que investiga la obra de pavimentación de la Avenida YCF que en 2015 se licitó por 500 millones de pesos, y llegó a abonarse a la constructora Fainser S.A, un adelanto de 50 millones de pesos a pesar de que la obra jamás se inició. El pago se realizó entre noviembre y diciembre de ese año, días antes de que Cristina Fernández dejara la presidencia.
La apoderada de la firma Fainser S.A., es la dra Romina Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner.
En la causa también tiene pedido de prisión el diputado Mátías Mazú, ex intendente de Río Turbio y actual presidente del bloque del FPV, quien se amparó en los fueros para no ir preso.
El exintendente cobró regularmente su sueldo por lo tanto nunca dejó de aportar a la CPS
Desde su detención, Atanacio Pérez Osuna continuó percibiendo el sueldo municipal con la aprobación de sus pares del Concejo Deliberante quienes argumentaron que el entonces intendente no tenía sentencia firme.
Además, desde el gobierno provincial a poco de conocerse la detención de Pérez Osuna, calificaron el hecho de “persecución política”, al igual que la legislatura provincial donde el Kirchnerismo defendió con el mismo argumento su negativa a tratar el desafuero del diputado Matías Mazú, por pedido de la justicia federal.
En noviembre el ex intendente inició los trámites jubilatorios ante la Caja de Previsión Social, y el organismo remitió una consulta al juez, Claudio Bonadío, quien tramita otra de las causas por las que está imputado Pérez Osuna, y tiene que ver con sobreprecios en la construcción de la usina de YCRT, la situación procesal del solicitante.
“Cuando llega el pedido a la oficina, decido enviar nota al juez Bonadío para saber si estaba con sentencia firme, ya que si era así no se podía jubilar (como sucedió con Ricardo Jaime), aunque yo sabía que no tenía sentencia, pero quería a que me lo diga el Juez”, declaró la ex vocal en la CPS, Susana Ruiz.
Ruiz señaló que el Juez le contestó a la ex Vocal el 14 de diciembre que el “estado procesal es de imputado y la causa encuentra en pleno trámite de instrucción”, por lo cual podía acceder a la jubilación.
La causa por la cual Pérez Osuna está preso y es inminente el juicio oral
El expediente investiga la obra de readecuación de la Avenida YCF, el camino que une la rotonda de ingreso a la localidad de Río Turbio con la de 28 de Noviembre.
La denuncia por esta obra había sido radicada por el interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien le apuntó a la empresa constructora Fainser S.A., encargada de la obra, que tiene como apoderada a Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Krichner.
Stornelli había encontrado en su investigación un pago injustificado a la empresa Fainser S.A. por el cual se habrían desviado 50 millones, que salieron de los fondos de YCRT con el aval de la Municipalidad de Río Turbio, “sin justificación o causa jurídica alguna, a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015”.
“Tengo por cierto y por probado Atanacio Pérez Osuna -en su calidad de Interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio-, Miguel Ángel Larregina –Coordinador General de Yacimientos Carboníferos Río Turbio-, Juan Marcelo Vargas –Asesor de la Intervención-, Horacio Matías Mazu –Intendente de la Municipalidad de Río Turbio- y Juan Carlos Lascurain –Presidente de la firma FAINSER S.A.- tomaron parte, respectivamente, en la substracción de fondos públicos de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos” expresaba el dictamen del magistrado.