*Por Javier Stoessel.- Uno de los daños más graves al sistema republicano consecuencia de la política Kirchnerista en Santa Cruz, es el deterioro del Poder Judicial y su consecuente falta de credibilidad. Quienes están o estuvimos más cerca de la actividad, guardamos distinta consideración a los distintos jueces y subrogantes; pero la opinión mayoritaria -creo- parece ser negativa, y lo que sentencia un Juez, muchas veces se considera como una expresión del discurso político y no como aquello que debiera ser, la aplicación del derecho al caso concreto. A las barreras materiales hoy impuestas para acceder a la justicia percibidas de modo directo por los “justiciables”, se suman condiciones estructurales que parecen diseñadas para favorecer la dependencia política y el obrar arbitrario de los magistrados. Fiscales designados por la sola elección del gobernador, sin concursos, ni ternas ni audiencias; secretarios subrogando sin ser jueces constitucionales; jueces designados en la legislatura por mayoría simple y sin audiencias públicas, con mecanismo de selección previa por un consejo de la magistratura compuesto políticamente -sin componentes técnicos ni académicos-, donde lo que menos valor posee es la capacidad y los antecedentes, y el mayor puntaje surge de en una entrevista secreta. Los consejeros ni siquiera acostumbran fundar sus votos, y se aprecia como escandalosa -cuando trasciende- la diferencia de puntaje entre unos y otros consejeros para un mismo postulante. En tales condiciones no es difícil cuestionar al recién designado, quien además suele ser familiar o amigo del poder. Pero cuando no lo es, arranca su función, injustamente, con la misma sospecha generalizada, por atravesar el mismo oscuro proceso de selección. Como ocurre en Nación, si estos jueces que hoy tenemos, decidieran por el motivo que fuera, comenzar a instruir las causas y denuncias por presuntos hechos de corrupción, la defensa sería tan sencilla y absurda como la que hoy se plantea por los exfuncionarios Kirchneristas ante la Justicia Federal. Con la presunción de inocencia y la presunción en contra que hoy carga quien es Juez, basta para la defensa en el debate político y social. Nada de esto es nuevo, y desde distintos sectores y actores, se han intentado numerosas acciones: proyectos de reformas, planteos de quejas, pedidos de inspección, pedidos de jury, denuncias, amparos, más denuncias, todas las cuales caen -inexorablemente- dentro del mismo sistema para su resolución, sin que exista resorte institucional eficiente a que acudir, y cuando se ha acudido a la Corte Suprema, ésta ha guardado silencio. El Jurado de Enjuiciamiento, ni siquiera está hoy constituido en Santa Cruz, ya que la legislatura se niega a designar representante, y el Tribunal Superior prefiera guardar silencio. Por si no alcanzara tal garantía, la ley asegura que es el mismo Tribunal Superior de Justicia quien debe decidir cuándo se investiga a un juez y cuándo no, y queda sujeta la actuación del Jurado de Enjuiciamiento a la decisión previa del Tribunal Superior. Esta es nuestra justicia sin control. Esto no funcionó y no va a funcionar como mecanismo de administración de justicia, aunque sí funcionó para otros fines. No va a ser suficiente que los jueces y fiscales, algún día, decidan avanzar con su trabajo, porque no gozan de legitimidad ni credibilidad en su conjunto. Necesitamos emprender una reforma institucional seria, otorgar transparencia a los procesos de selección de los jueces, con audiencias, con jurados externos calificados, con asignación de puntajes en audiencias públicas, exigir consensos amplios en la legislatura para su designación, terminar con los jueces subrogantes, establecer fiscales por concurso, y darle participación a la ciudadanía -en la designación, en el control, y en la actuación misma de la justicia, y poner en funcionamiento el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esto, solo puede emprenderse desde lo político, que hasta ahora solo ha confirmado que le interesa mantener el sistema actual, el no funcionamiento; pero no va a ser emprendido hasta que no sea comprendido por el conjunto social como una exigencia fundamental. Y es fundamental, porque más tarde o más temprano, estos son los magistrados que van a terminar decidiendo sobre todos nuestros derechos, libertad, bienes, salud, trabajo, salarios, asignaciones familiares.