RIO GALLEGOS.- Por orden de la justicia federal de Río Gallegos, tres allanamientos se realizaron hoy en los frigoríficos Orenaike, Faimali y Montecarlo, donde personal especializado tomó muestras de los desechos que llegan a la Ría. La causa se originó por un pedido de la de Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, UFIMA que pertenece a la órbita de la Procuración General de la Nación y se investiga el posible daño ambiental que estarían generando los frigoríficos que largan los desechos a la Ría. Hoy una comisión especial de la policía federal, especialistas en temas ambientales tomaron las muestras de los desechos en los tres frigoríficos y como solo duran 24 horas,  se logró que utilicen el laboratorio del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo a lo que informaron a este medio fuentes judiciales. La causa se inició a partir de una investigación de la policía federal de Río Gallegos tras recibir reiterados reclamos de los vecinos de la zona de la costanera donde se ubican los frigoríficos. En 2016 realizaron las primeras pericias en las que detectaron que los residuos de la faena, además del vaciadero ambiental también iban a la costanera, razón por la cual solicitaron la asistencia de la UFIMA, que es la fiscalía dedicada a investigar los posibles delitos ambientales. “Para los peritajes pedimos colaboración al departamento de Delitos Ambientales quienes han viajado hasta aquí las sustancias químicas, se hizo un laboratorio y se encontró positivo y de ahí se derivó a la justicia”, informó Adrián Lotoki jefe de la policía federal de Río Gallegos a los medios presentes en el operativo. La UFIMA elevó a través de la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal, los resultados de la investigación preliminar a la fiscalía federal que realizó el pedido de allanamientos al juzgado federal. ¿ Qué es la UFIMA? La Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental pertenece a la órbita de la Procuración General de la Nación y fue creada con dos objetivos principales: generar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso en materia de  infracción a la ley de residuos peligrosos, todos aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del ambiente conforme lo determinan los tipos penales establecidos en los arts. 200 al 207 del Código Penal; las infracciones a la ley 22.421 de protección y conservación de la fauna silvestre, así como los delitos conexos con la materia, según se informa a través de la página web de la Procuración. Si bien se ubica geográficamente en la ciudad de Buenos Aires, posee alcance funcional en todo el país. También tiene a su cargo las gestiones pertinentes para realizar un mapa de las distintas causas penales en trámite ante la Justicia Nacional en todo el país, como así también, el relevamiento de la doctrina y jurisprudencia referente a delitos ambientales, con el fin de elaborar diagnósticos de las problemáticas existentes en la materia y proponer soluciones que desde este Ministerio puedan impulsarse.