actualidad.El gobierno nacional está de acuerdo con el fallo de la Corte que suspende las represas
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[caption id="attachment_16923" align="alignleft" width="300"] Vía Twitter @riogallega[/caption]
Tras la notificación de la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia que ordena suspender provisoriamente la ejecución de las obras de las represas sobre el río Santa Cruz, el Gobierno Nacional manifestó que el fallo "está completamente alineado con el objetivo del PEN de asegurar que este proyecto se realice en la medida que respete el cuidado del ambiente y de los intereses de la comunidad".
A través de un comunicado señaló que la decisión judicial, "es coincidente con las decisiones ya adoptadas por los Ministerios de Energía y Minería y de Ambiente y Desarrollo Sustentable con relación a la ejecución de este proyecto".
Actualmente las obras en cuestión son objeto de estudios de impacto ambiental, complementarios y adicionales a los realizados durante el año 2015 por la Provincia de Santa Cruz.
Estos estudios fueron dispuestos a partir de la revisión efectuada desde diciembre de 2015 por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación con relación al diseño y condiciones de ejecución de las obras, y por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en sus aspectos ambientales.
Con motivo de ello, el Ministerio de Energía y Minería, desde el comienzo de su gestión, limitó la ejecución de la obras únicamente a las tareas preliminares, tales como estudios de base necesarios para el proyecto, caminos de acceso, construcciones de villas temporarias, entre otros, quedando supeditado el inicio de las obras principales a los resultados de las acciones complementarias y adicionales en materia ambiental definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Con relación a la evaluación de impacto ambiental, la medida judicial ha ordenado que ella se realice además con el alcance y en el ámbito previsto por la ley 23.879 de Impacto Ambiental de Obras Hidráulicas, lo que significará la ejecución de procedimientos adicionales a los ya previstos, que el Ministerio de Energía y Minería y el de Ambiente y Desarrollo Sustentable impulsarán dando debido cumplimiento a la decisión judicial.
Vía Twitter @riogallega[/caption]
Tras la notificación de la medida cautelar dispuesta por la Corte Suprema de Justicia que ordena suspender provisoriamente la ejecución de las obras de las represas sobre el río Santa Cruz, el Gobierno Nacional manifestó que el fallo "está completamente alineado con el objetivo del PEN de asegurar que este proyecto se realice en la medida que respete el cuidado del ambiente y de los intereses de la comunidad".
A través de un comunicado señaló que la decisión judicial, "es coincidente con las decisiones ya adoptadas por los Ministerios de Energía y Minería y de Ambiente y Desarrollo Sustentable con relación a la ejecución de este proyecto".
Actualmente las obras en cuestión son objeto de estudios de impacto ambiental, complementarios y adicionales a los realizados durante el año 2015 por la Provincia de Santa Cruz.
Estos estudios fueron dispuestos a partir de la revisión efectuada desde diciembre de 2015 por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación con relación al diseño y condiciones de ejecución de las obras, y por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en sus aspectos ambientales.
Con motivo de ello, el Ministerio de Energía y Minería, desde el comienzo de su gestión, limitó la ejecución de la obras únicamente a las tareas preliminares, tales como estudios de base necesarios para el proyecto, caminos de acceso, construcciones de villas temporarias, entre otros, quedando supeditado el inicio de las obras principales a los resultados de las acciones complementarias y adicionales en materia ambiental definidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Con relación a la evaluación de impacto ambiental, la medida judicial ha ordenado que ella se realice además con el alcance y en el ámbito previsto por la ley 23.879 de Impacto Ambiental de Obras Hidráulicas, lo que significará la ejecución de procedimientos adicionales a los ya previstos, que el Ministerio de Energía y Minería y el de Ambiente y Desarrollo Sustentable impulsarán dando debido cumplimiento a la decisión judicial.